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El nuevo programa de la Junta Escolar sobre los estudiantes que abandonan la escuela atrajo titulares por requerir que los estudiantes y los padres firmen una forma de consentimiento que detalla las consecuencias posibles de su decisión, como por ejemplo menos oportunidades de trabajo y una mayor probabilidad de ser encarcelados.

Más allá de dirigirse a los estudiantes, el programa se ha fijado como objetivo el problema crónico de "empujar fuera" causado por la larga práctica de dar de baja a estudiantes que tienen demasiadas ausencias. Esta práctica, común en los distritos escolares urbanos a través de la nación, está ahora prohibida, " dice el CEO de las Escuelas Públicas de Chicago, Arne Duncan.

Wilfredo Ortiz, ex-director de los programas de secundarias y el actual principal de la secundaria Gage Park, se pregunta cómo la Junta va a supervisar si las escuelas cumplen o no con las nuevas reglas. Ortiz dice que consejeros, un trabajador social, y un sicólogo en Gage Park trabajan con los estudiantes que tienen problemas de asistencia, y añade que él mismo visita el hogar antes de dar de baja a un estudiante.

En algunos casos, llamar a las casas para hablar sobre las ausencias sin permiso no es productivo, Ortiz dice. "El padre ya ha perdido el control. Si el padre no puede hacer que vayan a la escuela, ¿cómo podríamos nosotros?"

Sin embargo, los grupos de comunidad elogian cautelosamente el nuevo programa. "CPS está admitiendo que tienen un problema con el "empuje fuera. Eso no tenía precedentes" afirma Bill Leavy, director ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Comunitario de Greater West Town y líder de una coalición que ha presionado a los distritos a enfrentarse al problema.

Aquí están los pasos específicos que las escuelas deben seguir:

Antes de dar de baja a un estudiante, la escuela debe referir al estudiante y a su familia a agencias de servicios sociales que puedan ayudar a resolver los problemas que estén contribuyendo a las ausencias.

Si las ausencias continúan, el padre o el guardián pueden ser llevados a corte, una práctica que el sistema raramente ha usado en el pasado.

Si la escuela no puede localizar a un estudiante, el personal debe llamar a todos los números de emergencia, enviar a alguien a visitar la última dirección conocida del estudiante y llenar un reporte de niño perdido para la CPS.

Las escuelas no pueden enviar a la casa a estudiantes por llegar tarde o por violaciones al código de vestimenta, y se les anima a usar alternativas a las suspensiones fuera de la escuela, incluyendo jurados de compañeros, para así mantener a los estudiantes dentro de la escuela.

Pero los activistas cuestionan cómo la Junta va a hacer cumplir las provisiones del proceso justo que las secundarias ignoran rutinariamente. La ley estatal requiere que las escuelas ofrezcan el proceso justo a los que han abandonado a la escuela y luego quieren volver a matrcularse, dándoles el derecho de reunirse con un oficial de audiencia, quien determina si el estudiante es elegible para registrarse y graduarse antes de los 21 años. Si es así, la escuela tiene que registrar al estudiante.

El nuevo programa explica que los padres y los estudiantes deben ser informados de su derecho de volver a la escuela y a un proceso legal si ese derecho es desafiado. Pero la forma de consentimiento no menciona ninguno de esos derechos, lo que plantea la pregunta de cómo la Junta va a supervisar si la escuela provee la información o no.

"He visto varios casos de estudiantes que han sido de-matriculados. Los padres tratan de registrarlos. Yo trato de registrarlos. La mayoría de las escuelas no saben del proceso legal mismo," dice Terrance Wallace, director juvenil de la Autoridad de Salud Westside, una organización sin fines de lucro basado en Austin.

El nuevo programa inicialmente causó protestas cuando algunos activistas se quejaron de que la primera versión aprobada en enero permitiría que los estudiantes de 16 años, la edad legal para abandonar la escuela, se dieran de baja sin el consentimiento de sus padres aunque no tuviesen 18 años y por lo tanto menores. El progama fue revisado y aprobado en la reunión de la Junta en febrero cerrando asi ese resquicio legal y añadiendo la forma de consentimiento.

Para aumentar el progama, CPS invertirá $1.7 millones en nueve agencias de servicios sociales que trabajarán con 36 secundarias. Estas agencias aconsejarán a los estudiantes y sus familias que están teniendo problemas y asegurarse de que están conectados a servicios sociales con ojos, oídos, y pies extras para recuperar a los ausentes.

"A veces el mayor reto es encontrar al padre, especialmente si uno tiene un estudiante que no quiere que lo localicemos," dice Renee Joiner, vice presidente de recursos humanos y desarrollo comunitario para ChildServ, otra agencia de contratación. "A veces una escuela no tiene una dirección o teléfono correcto. A veces se toma de tres a cinco intentos para localizar a los padres antes de tener una conversación telefónica con ellos."